(Editor y redactor:Nicolás Vega)
«No puede ser que cualquier ciudadano sea juzgado por cualquier militar bajo cualquier criterio»
Pero sí puede ser, (en Chile, todo puede ser. Pocos protestan como corresponde), cuando un jefe de gobierno, no asume su tarea de Jefe de Estado y asumen por él (o por ella) las funciones de gobernar, otros organismos.
La pronta decisión del Tribunal Constitucional, en el caso de que éste, refrende los poderes feudales de los juzgados militares, estancará por mucho tiempo una reforma que Bachelet había prometido en su programa y ni siquiera ha intentado someter a discusión. Ese estancamiento, cerrará las puertas del Parlamento (y con ello entregará a la Derecha en él) los argumentos para que en este país, los milicos sigan juzgando a civiles, cuando se les dé la real y uniformada y arbitraria gana. (Nicolás Vega).
ESTAS SON ALGUNAS DE LAS PROMESAS NO CUMPLIDAS POR LA PRESIDENTA BACHELET:
No se necesita ser profeta para predecir que:
El Tribunal Constitucional hará el gran amarre.
(N.Vega)
Viernes 10 de octubre de 2008
Por Leslie Ayala Castro / La Nación
Ayer se alegó el recurso que busca “salvar” a civiles de caer en juicios castrenses
Justicia militar en la mira del Tribunal Constitucional
Por primera vez un caso de la reforma penal es llevado al TC como ejemplo de que el Código de Justicia Militar vulnera garantías esenciales de la Carta Fundamental como la imparcialidad y el debido proceso.
El pugilato que enfrenta a la justicia procesal renovada frente a la justicia militar vivió ayer su primer round ante los ministros del Tribunal Constitucional (TC).
En dos horas, cuatro abogados intentaron convencer al cuerpo colegiado de lo parcial, injusto, severo, anticuado, pero por sobretodo ilegal que resulta llevar a civiles a los cuales se les imputan delitos ordinarios a enfrentar la judicatura castrense.
El recurso fue presentado por el juez de garantía Daniel Urrutia, quien enfrentó hace algún tiempo un caso en que dos carabineros formalizados por obstrucción a la justicia solicitaron su incompetencia para llevar la causa a un tribunal militar, lo que arrastraría a seis civiles, también imputados en la indagatoria.
El magistrado rechazó la inhabilidad y solicitó a los miembros del TC que se pronuncien sobre si en este caso se vulneran o no garantías constitucionales.
La ronda de alegatos fue abierta por el abogado Francisco Cox, quien representa a Urrutia. El jurista recordó el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso Palamara, en el cual el organismo ordenó al Estado chileno establecer, a través de la legislación, límites de competencia material y personal de los tribunales militares para que «en ninguna circunstancia un civil se vea sometido a la jurisdicción castrense».
En su turno, Gonzalo Medina, de la Defensoría Penal Pública, abogó por Rosa Hidalgo, una de las civiles que sería sometida a un procesamiento marcial de trabarse la competencia.
«No puede ser que cualquier ciudadano sea juzgado por cualquier militar bajo cualquier criterio» señaló tras la ponencia. El defensor solicitó que el TC establezca criterios y esperamos que resuelva que en casos como éste «no hay ningún motivo de peso para llevarla a una jurisdicción tan intensa como la militar».
El jurista destacó que existen diferencias enormes en ambos sistemas, que se hacen aun más notorias con la reforma procesal penal. Bajo la justicia ordinaria, su defendida puede optar a una salida alternativa sobre la base de la colaboración que ha prestado, lo cual el legislador premia, sobre todo porque evitó con su actuar que un inocente fuera condenado.
Sin embargo, de caer en la justicia militar no tendrá alternativa e incluso no puede hacerse acreedora de las atenuantes que contempla esa judicatura, pues se basan en condiciones militares que claramente ella no reúne.
CONTRAPARTE
En la otra esquina, el Ministerio Público Militar, representado por Marcelo Cibié, aseguró que la justicia castrense no vulnera los derechos de defensa a guardar silencio y el debido proceso para un civil.
Criticó a sus interventores de «ahogarse en un vaso de agua» e interpeló a que ellos se rigen por la actual legislación y que no pueden hacerse cargo de la lentitud de las modificaciones por parte del Estado.
Ahora, el pleno del TC analizará si es inconstitucional o no que civiles, sólo por estar formalizados con carabineros, puedan ser sentenciados por la judicatura castrense. En las próximas semanas habrá una resolución al respecto. El knockout se ve venir.
CHILE. FUERZAS ARMADAS Y DE «ORDEN». Amarlas u odiarlas?
Fuerzas Armadas Chilenas: Dímes y diretes sobre los continuos accidentes mortales de conscriptos..
La tragedia que hemos tenido que vivir en la forma concreta de conscriptos muertos en accidentes evitables, nos sugieren, que los « errores » no dependen fundamentalmente de los mandos medios a los que se les acaba de cortar la cabeza, sino que la responsabilidad hay que buscarla con objetividad, en la concepción estructural de la Fuerzas Armadas; problema del que estoy convencido, está consciente el Comandante en Jefe, General Cheyre. Debe cambiar la concepción de que los « pelaos » son elementos desechables. Desde el punto de vista biológico, se trata de adolescentes y la adolescencia es una estructura viva muy frágil, tanto psíquica, como físicamente. Son seres humanos, pertenecientes a un entorno social : madre, padre, hermanos, hermanas, novia, etc., y hasta el cura o pastor que los bautizó. Las fuerzas armadas deben preguntarse por el objetivo pedagógico de la circunscripción militar. Se trata de lo siguiente : ¿el conscripto va a cumplir con su deber para aprender –entre otros- a querer al ejército o va allí para aprender a odiarlo?.
Además: quien se preocupe de estudiar problemas de geopolítica y estrategia subregional de América Latina, concluirá que necesitamos unas fuerzas armadas con el más alto nivel teconológico posible; con una preparación óptima de su personal; pero para esto, las Fuerzas Armadas deben cambiar su actitud ante la sociedad civil, con el objetivo de que toda la ciudadanía comprenda y apoye un poderío militar aplastante y óptimo, sin que tenga que temer que esta fuerza poderosa vaya a ser aplicada contra ella.
De esa manera, la fuerzas armadas, pasan a ser necesarias (para la defensa y resguardo de la soberanía) y queridas por toda los ciudadanos, sin distinción de clase social. Porque no hay que olvidar que los discursos internacionales por la paz y las actitudes diplomáticas y pacíficas son necesarias, porque « si quieres la paz, prepárate para la guerra ». Pero no sólo para la guerra, sino en primer lugar para evitarla mostrando los dientes y en el caso más extremo, para ganarla, en el caso de que ésta se haga inevitable. Chile, tiene demasiados flancos geográficos e históricos, por los que asecha constantemente el peligro de invasión.
Nicolás Vega.
Berlin..
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Democracia, cuantos tartufos rasgan vestiduras en tu nombre!
Antes de la elección (hace unos meses) de una nueva directiva del Colegio de Abogados de Osorno, escribí a esa Orden Profesional, lo siguiente :
“Aunque fuera por conservar las apariencias, los juristas osorninos, debieran evitar que el Presidente de su H. Orden sea un juez militar, por muchos méritos académicos (?) que este Sr. José Manuel Baquedano pudiera tener.
En Chile podemos comprobar miles de actos de obstrucción de la Verdad y la Justicia, cometidos por los Juzgados Militares :
Por ejemplo, los juzgados militares demoraron 15 años, para aclarar el asesinato de Tucapel Jiménez, dirigente sindical degollado por orden de Pinochet; han pasado 31 años y aún no confiesan los asesinos, dónde están sepultados los cadáveres de los hermanos Barría Bassay que el General en retiro José Hernán Godoy Barrientos, ordenó asesinar haciéndoles cavar a las víctimas, sus propias tumbas.
Hasta la fecha en que escribí la carta en referencia, el Juez Militar de Osorno y ahora ex Presidente del Colegio de Abogados, Sr. José Manuel Baquedano tenía en su cuenta más de 70 procesos en contra de civiles, por «agresión» a Carabineros; o sea en actos ocurridos en el forcejeo natural entre carabineros y borrachitos.
Este hecho, al parecer ridículo, no lo es tanto; detrás de este « ordenamiento » legal comprobamos la miserai moral de la timorata democracia que es Chile ; podemos comprobar el control absoluto de los militares sobre la sociedad civil, igual que en los mejores tiempos de la dictadura de Pinochet .
La policía es parte de las fuerzas armadas ; contrariamente al papel que se le asigna a este servicio de orden y seguridad ciudadana en todos los Estados de Derecho. Pero lo peor es que no ha habido voluntad de ninguno de los Presidentes de la Concertación, ni la tuvo la ciudadana Bachelet ex ministra de Defensa, para cambiar esta situación.
La lucha por eliminar la juridicción de los Juzgados Militares en Alemania frente a los civiles, se corona a principios del siglo XX, con la caída del Emperador y la inmediata fundación de la primera República, bajo la presidencia del socialdemócrata Friedrich Ebert. De eso hace casi un siglo.
En 1933, bajo la dictadura criminal de los nazis, se volvieron a constituir los tribunales militares.
En 1945 cuando se desploma el régimen genocida nazi, que costó a la humanidad más 50 millones de muertos, los aliados –(después de condenar a la horca a los cabecillas nazis)- volvieron a eliminar los tribunales militares con juridicción sobre los civiles, porque se consideraron incompatibles con la democracia y el estado de derecho.
Por eso colegimos con seguridad y convicción: Chile no es un estado de derecho; Chile es una democracia vigilada, controlada y atemorizada por la presencia oficial e institucionalizada en la Constitución, por las fuerzas armadas; un país donde incluso la institución policial llamada Carabineros de Chile, tiene la estructura de un ejército.
Estamos –repito- a más de un siglo de distancia de los países que en Europa lograron civilizarse a costa de tanta sangre.
Nicolás Vega.
Berlin, 8 de octubre 2004.
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TRIBUNALES CASTRENSES CHILENSIS :
INFORME ANUAL 2005 — LOS DERECHOS HUMANOS EN CHILE