La unidad de todas las organizaciones reales de defensa de los Derechos Humanos será esencial para contrarrestar el amorfo rol que habrá de jugar el controvertido Instituto Nacional de Derechos Humanos. Este es el espíritu con el cual convocamos y porque consideramos de máxima importancia y urgencia, el encontrar puntos de acuerdo ahora cuando enfrentamos una etapa crucial de la lucha, en que debemos analizar concienzuda y responsablemente la situación y resolver, en consecuencia, ¿Qué hacer?, ¿Cómo hacerlo? y ponernos de acuerdo en las prioridades, que es lo primordial.
Estimados amigos, queridos compañeros, quisiera comenzar esta alocución, dando una fraternal bienvenida a todos y cada uno de Uds. al 7º Encuentro Nacional de D.D.H.H. “Jaime Castillo Velasco”, organizado por la UNExPP de Chile.
En la convocatoria que invitaba a este encuentro decíamos: Que el 11 de septiembre de 1973 no sólo fue derrocado el gobierno de la Unidad Popular que encabezaba el Compañero Presidente Dr. Salvador Allende, sino que se consumó una dolorosa derrota de la república, lo que afectó a la nación en su conjunto al degradar las nociones de civilización que se sintetizaban en la constitución y las leyes de entonces. Arrasando no sólo con la experiencia izquierdista, sino con la cultura de los derechos humanos, ese patrimonio de valores que los chilenos pudimos apreciar mejor cuando lo perdimos.
El desmoronamiento de las instituciones democráticas que los chilenos habíamos preservado durante largo tiempo representó una profunda regresión en nuestra forma de vivir. El derecho se convirtió en una palabra vacía. El régimen que encabezó Pinochet no dejó crimen por cometer.
En 1990 se “recupera” la democracia en nuestro país, a partir de este momento se acrecientan las expectativas de que se haga justicia con respecto de todos los delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura. Sin embargo la realidad nos ha indicado que la forma en que los gobiernos de la Concertación y el Estado de Chile han enfrentado el tema de los Derechos humanos no ha respondido a lo que la humanidad ni las víctimas y sus familiares esperaban; es más debemos agregar que se le dio un enfoque economicista de bajo perfil humano, siempre con la calculadora en la mano pero el corazón y la razón ausentes; aplicando una política de “parches” de “soluciones a medias” a lo “maestro chasquilla” que en vez de arreglar una cosa echa a perder otra. En vez de cerrar las heridas queridos compañeros estas se irritaron e infectaron, creando desolación y un descontento profundo en los sobrevivientes de la prisión política y tortura.
Pero para ser justos el macro resultado obtenido hasta ahora no se lo podemos cargar solamente a la falta de voluntad de las autoridades; debemos reconocer que en estos resultados también hay una gran responsabilidad del movimiento de Derechos Humanos, en nuestro caso de las Organizaciones de ex Prisioner@s Polític@s que no han estado a la altura, no hemos sido capaces de lograr no sólo una cohesión en torno a los objetivos sino que tampoco en la forma que debíamos utilizar para lograr esos objetivos, forma que nos haya permitido presionar con más éxito a los diversos gobiernos con los que hemos tenido que lidiar durante estos años, debemos reconocer que “tenemos lo que nos merecemos”.
En nuestro encuentro anterior, en Villarrica analizamos el modelo de reparación seguido por los gobiernos post- dictadura y elaboramos un voto político de rechazo a ese modelo injusto discriminatorio y excluyente, haciendo un emplazamiento a todos los órganos del estado a respetar el mandato constitucional (artículo 5º de la CP del E) que los obliga a cumplir los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes, en particular la Convención Internacional Contra la Tortura, que compromete al Estado a implementar el pago de una indemnización justa y adecuada como la reparación primordial y básica para todas las víctimas y sus familiares. De cómo el nefasto modelo chileno evadió su responsabilidad y premeditadamente omitió el rubro principal de reparación que nos corresponde. De cómo ese inicuo modelo discriminatorio ha producido víctimas de primera hasta 7ª clase. Por ello, siendo el pasado año un crucial periodo electoral se acordó emplazar a todos los responsables de los órganos del Estado y presidenciables a tomar conciencia y enmendar rumbos, de modo que lo que hagamos en Chile satisfaga los anhelos de la humanidad en la debida consideración y trato que merecen las víctimas.
El camino que hemos seguido ha tenido muchos detractores y difamadores. Las demandas judiciales en contra del Estado las iniciamos en el Gobierno de Lagos y serán resueltas por la Corte Suprema en el Gobierno de Piñera, muchos no se dieron cuenta de que esto podría suceder: ahora no les cabrá duda que el emplazamiento judicial es por la responsabilidad inexcusable del Estado.
Hasta las últimas semanas solicitamos a la presidenta que mandara los proyectos de Derechos Humanos que requieren de iniciativa del Ejecutivo, ya que ella misma decía que gobernaría hasta el último día de su mandato. Queda de manifiesto que no lo hará, no estábamos en sus prioridades. Suponemos que estará muy satisfecha con su “gran obra” el Instituto de Derechos Humanos y sus memoriales.
Luego de la crucial definición presidencial y cambios importantes en el Congreso Nacional, frente a ese nuevo escenario político nacional, debemos unificar criterios y encontrar con espíritu unitario puntos de acuerdo en los objetivos que nos propondremos para enfrentar los desafíos del futuro inmediato. Para avanzar en tales tareas será indispensable fortalecer la unidad, en base a los objetivos que nos deben ser comunes, con respeto mutuo y autonomía. Por eso, desde aquí hacemos una invitación especialmente a las Organizaciones más emblemáticas del movimiento de derechos humanos, AFDD y AFEP, a considerar la seriedad y urgencia de buscar consensos entre todas las víctimas a fin de que juntos exijamos las soluciones que nos son comunes en materia de reparación. No se debe ignorar que la falta de una indemnización justa y adecuada es otra cara más de la impunidad. Hemos tenido en Chile la inaceptable excusa de que se tendrá Justicia, Verdad y Reparación “en la medida de lo posible” o “austera y simbólica”. Eso es nada menos y nada más que IMPUNIDADES ENCUBIERTAS que persiguen el punto final y el olvido.
La unidad de todas las organizaciones reales de defensa de los Derechos Humanos será esencial para contrarrestar el amorfo rol que habrá de jugar el controvertido Instituto Nacional de Derechos Humanos. Este es el espíritu con el cual convocamos y porque consideramos de máxima importancia y urgencia, el encontrar puntos de acuerdo ahora cuando enfrentamos una etapa crucial de la lucha, en que debemos analizar concienzuda y responsablemente la situación y resolver, en consecuencia, ¿Qué hacer?, ¿Cómo hacerlo? y ponernos de acuerdo en las prioridades, que es lo primordial.
Éste, queridos compañeros, es un debate que debe darse sin demora. La claridad que se logre permitirá que nuestras decisiones sean las más atinadas que requiere el momento.
Desde el fondo del corazón, entregamos un saludo fraternal a todos y cada uno de ustedes, un saludo lleno de esperanzas y de certeza que cuando sabemos tener la razón de nuestro lado, jamás debemos dudar de que finalmente lograremos el objetivo que nos hemos propuesto.
Qué duda cabe, el motivo que hoy nos convoca es de la máxima importancia y urgencia, enfrentamos un período incierto y para muchos impensado, un vuelco de la transición que es un nuevo desafío que debemos combatir con la fuerza que nos dará la UNIDAD, como nosotros la entendemos, con sabiduría para distinguir lo que es prioritario en los objetivos y con ingenio y creatividad para encausar nuevas acciones.
¡¡¡Nada podrá detenernos. El logro de una completa verdad, justicia y reparación, será lo único que detendrá nuestra acción!!!
¡¡¡ADELANTE COMPAÑEROS, nuestra meta es abrir las anchas alamedas!!!