Ley de reparacion para ex presos politicos es excluyente y mezquina
Sin embargo, existen aún muchos temas pendientes, dice a El Ciudadano Nelly Cárcamo, miembro de la dirección nacional de la ONG Unión Nacional de Ex Presos Políticos (Unexpp), y coordinadora de la Décima Región, quien reconoce que en los primeros contactos con la futura mandataria, al menos han apreciado un trato distinto al que les ha dado el gobierno de Lagos.
-Mucha gente desinformada cuestiona la entrega de una reparación con cargo al Estado para quienes sufrieron prisión política y tortura, considerando que no corresponde a toda la sociedad atender un problema cuya responsabilidad cabría exclusivamente a la dictadura pinochetista…
Nosotros somos un sector de la sociedad que fue atropellado en sus derechos humanos bajo ese régimen. La legitimidad de nuestra reparación la determina el Derecho Internacional y los Tratados suscritos por Chile. Debe quedar claro que la legislación Internacional que obliga a los estados que atropellaron los derechos humanos (DD.HH.) de sectores de su sociedad -independiente si es por razones políticas, étnicas, de género, de credo u otras- no es algo que inventamos nosotros: surge de la necesidad de proteger a los individuos de la acción de sus propios estados, considerando la vulnerabilidad en que se encontraban antes que Naciones Unidas creara este mecanismo, para frenar tales prácticas a nivel mundial.
Ahora, ¿por qué toda la sociedad representada por el Estado, debe hacerse cargo de generar y entregar esta reparación?
Es importante no olvidar que los atropellos a los DD.HH. fueron no solo dirigidos y planificados por representantes del Estado, sino que también fueron ejecutados por agentes pagados con dineros del estado.
-¿Cómo valoran los ex-pp el trabajo y conclusiones de la Comisión Valech?
El trabajo de la Comisión Valech, creemos que fue positivo, desde el punto de vista que esto permitió por primera vez que la sociedad reconociera la existencia de víctimas sobrevivientes de prisión y tortura, considerando que hasta ese momento la Comisión Rettig solo había reconocido a las víctimas con resultado de muerte y los que fueron hechos desaparecer. Valoramos también sus conclusiones y su minuciosa descripción de los diversos mecanismos y técnicas utilizados por los servicios de seguridad de aquel entonces contra las personas afectadas por estos atropellos.
Lo que no aprobamos son las sugerencias de reparación que adoptaron. Creemos que no tomaron en cuenta los tratados internacionales, que claramente establecen que “se debe reparar con indemnizaciones justas y adecuadas” y no con pensiones. En todo caso, cabe destacar que el gobierno solo utilizó el listado entregado por esta Comisión, no acogiendo ninguna de sus sugerencias, a excepción que el pago se haga a través de pensiones, pero sin tomar en cuenta ni siquiera el monto propuesto por esta entidad.
Frente a las múltiples transgresiones a la legislación internacional cometidas por el texto de la ley 19.992, , que estableció la reparación para quienes sufrimos prisión política y tortura, presentamos una demanda contra el estado.
Entre otras muchas razones, porque el cuerpo legal aprobado desconoce cuestiones básicas como que las personas que hayan sufrido el atropello a sus derechos humanos, provocándoles un daño moral, social, jurídico y económico cuyas consecuencias traspasan lo individual, afectando también a su familia y a la sociedad entera, deben ser reparadas integralmente. Pero la citada ley es excluyente y mezquina. Refleja el poco respeto, el desprecio que se tiene por las personas que fueron atropelladas tan bárbaramente en sus derechos.
Pero la ley 19.992 despachada por el Presidente Lagos, es una ley que a nuestro juicio es inconstitucional, pues en su articulo 15 se ordena guardar los antecedentes entregados a la comisión Valech por 50 años. Con esto les otorga generosamente la más absoluta impunidad a aquellos individuos que, usando el poder entregado por el estado, dieron rienda suelta a las más viles formas de atropello contra muchos de sus compatriotas. Por un lado, se entrega generosamente un listado de víctimas individualizadas hasta con su número de RUT, pero se guardan con sigilo los nombres de aquellos que cometieron los ilícitos.. Además, esta ley otorga una pensión vitalicia, lo que significa que cuando el afectado directo muere, su viuda o viudo queda en la más absoluta indefensión, desconociendo la transversalidad del sufrimiento de los atropellos a los DD.HH. de los familiares más cercanos. Eso, para no extenderme en otras múltiples debilidades de la ley pomposamente dictada por este gobierno.
-Respecto al gobierno de Michelle Bachelet, ¿qué expectativas tienen los ex-pp?
Tenemos la esperanza de que ella, por haber sido personalmente afectada, entenderá de mejor manera nuestra postura. Le enviamos una carta, nos respondió que estaba dispuesta a seguir firmemente avanzando en la búsqueda de la verdad, de la justicia y avanzar también en el mejoramiento o corrección de las medidas de reparación. No le estamos pidiendo nada que no esté en los tratados internacionales suscritos por Chile, nada más pero tampoco nada menos.
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