(Pronto agregaremos un comentario al acuerdo que logró la Concertación con la Derecha.)
Jueves 6 de septiembre de 2007 | 07:45
Por Angélica Meneses / Lanacion.cl
El Instituto de Derechos Humanos quedó a un paso de ser ley La suscripción de un acuerdo político entre gobierno y parlamentarios, que modificó el proyecto original permitió la aprobación unánime del Senado para la creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos, el que ahora no podrá entablar acciones legales.
Iniciativa pasa a tercer trámite en la Cámara Baja.
Un acuerdo para imprimir modificaciones al proyecto mediante una indicación sustitutiva permitió que la creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos fuera aprobada por unanimidad en el Senado. La iniciativa pasa ahora a cumplir un tercer trámite legislativo en la Cámara de Diputados, donde deberán ser ratificados los cambios para su despacho definitivo a ley, siendo el principal de éstos el hecho que ahora el organismo no estará facultado para entablar acciones legales.
El proyecto permite reabrir la Comisión Valech por un período de seis meses para recibir los testimonios de quienes hayan sido víctimas de prisión y tortura política entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, y que no hayan podido hacerlo durante la primera etapa en que se constituyó dicha instancia.
El acuerdo político entre gobierno y oposición, que permitió sacar adelante el proyecto que había sido postergado por falta de votos en su redacción original, fue consensuado por el ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo, y los senadores Andrés Chadwick (UDI) y Alberto Espina (RN).
El consenso plantea que el instituto será una corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio que se relacionará con el Presidente a través del ministerio de Justicia, precisando el mandato para la entidad, en cuanto a que no tendrá competencia para ejercer acciones judiciales.
Viera Gallo dijo que este último punto “no nos preocupa, porque respecto a los juicios del pasado está el programa de Derechos Humanos del ministerio del Interior y para juicios futuros, respecto de genocidio, crímenes de guerra o de lesa humanidad, basta con que el instituto denuncie ante el fiscal. Y pensamos que si hubiera una situación de tanta gravedad no cabe duda que el fiscal seguiría adelante la investigación”.
El proyecto emanado del Senado señala que la dirección del instituto tendrá una adecuada representación de todos los sectores y establece que la Contraloría podrá vigilar el uso adecuado de los recursos.
El ministro destacó que al hablar de derechos humanos se trata de “derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales”, señalando que “el instituto va a nacer con una gran legitimidad y un respaldo político y eso es muy relevante para una institución, porque esta es una entidad que no será cuestionada”.
El senador Chadwick valoró el acuerdo, señalando que además de ampliar la representatividad del consejo al incorporar dos consejeros nombrados por el Senado y dos por la Cámara de Diputados con los cuatro séptimos de los parlamentarios, se fijó un proceso claro de remoción de esos cargos.
Respecto a la comisión Valech, destacó que no solo se haya establecido una continuidad de esa instancia para incorporar nuevos antecedentes de las víctimas de prisión política y tortura, sino que también para víctimas de violencia política cometida por privados en función de intereses políticos, lo que amplía el espectro de casos.
El presidente de la comisión de Derechos Humanos, Jaime Naranjo (PS), reconoció no compartir algunos de los cambios, como eliminar algunas atribuciones al Instituto, pero al mismo tiempo sostuvo que apoyó esta fórmula porque la idea principal es “contar con una entidad dedicada a promover y defender los derechos humanos para que nunca más se vuelvan a producir en Chile los hechos que ocurrieron en el pasado, es un bien superior”.
Valparaíso | 05/09/2007 | Departamento de Prensa | Boletín Nº 3878-17
Histórico acuerdo entre Gobierno y oposición permitió la aprobación del Instituto de Derechos Humanos
Luego de intensas conversaciones para consensuar un texto que recogiera las sugerencias de los distintos sectores, el Senado ratificó la iniciativa que además permite la reapertura de la Comisión Valech.
Senadores Letelier y Gazmuri
Como un paso histórico que demuestra el cambio que ha experimentado el país en materia de protección de los derechos fundamentales, calificaron senadores de distintos sectores la aprobación unánime que le dio la Cámara Alta al proyecto que crea un Instituto de Derechos Humanos.
La iniciativa, también permite reabrir la Comisión Valech por un período de seis meses para recibir los testimonios de aquellas personas que hayan sido víctimas de prisión y de tortura política entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, y que no hayan podido hacerlo durante la primera etapa en que se constituyó dicha instancia.
Aún cuando en un principio habían diferencias entre los senadores de la Alianza y de la Concertación –lo que provocó que se postergara en una semana la votación de la iniciativa- un acuerdo político entre ambos conglomerados, no sólo permitió destrabar su trámite, sino que además logró conseguir una aprobación unánime de la misma.
En lo fundamental, el acuerdo que fue consensuado entre el Ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo, en representación del oficialismo, y los senadores Andrés Chadwick y Alberto Espina, por la Alianza, crea el citado instituto el que será una corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio que se relacionará con el Presidente a través del Ministerio de Justicia.
La redacción consensuada precisa mejor el mandato que tendrá la entidad, en cuanto a que no tendrá competencia para ejercer acciones judiciales; perfecciona la dirección del Instituto para tener una adecuada representación de todos los sectores; y establece que la Contraloría podrá vigilar el uso adecuado de los recursos de la institución.
MEJORAS
Al momento de intervenir en Sala el senador Andrés Chadwick valoró el acuerdo logrado y destacó que se haya perfeccionado la iniciativa, explicando que además de ampliar la representatividad del consejo –se incorporarán dos consejeros nombrados por el Senado y dos por la Cámara de Diputados con los 4/7 de los parlamentarios- se fijó un proceso más claro de remoción de los mismos.
Respecto a la comisión Valech, destacó que no solo se haya establecido una continuidad de esa instancia para incorporar nuevos antecedentes de las víctimas de prisión política y tortura, sino que también de las personas que sufrieron apremios de violencia política cometida por privados en función de intereses políticos.
A su turno, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, senador Jaime Naranjo, dijo que aún cuando no comparte algunos de los cambios que se le hicieron al proyecto, como eliminarle algunas atribuciones al Instituto, apoya la iniciativa pues “contar con una entidad dedicada a promover y defender los derechos humanos para que nunca más se vuelvan a producir en Chile los hechos que ocurrieron en el pasado, es un bien superior”.
El senador Alberto Espina, manifestó que gracias a las mejoras que se le hicieron al proyecto “tendremos una buena ley y la oportunidad de trabajar en el tema de derechos humanos con una visión de estado. Me parece fundamental que en Chile haya un instituto que le informe a los poderes del Estado de los casos que puedan haber afectado los derechos humanos y que se dedique a velar por ellos”.
En tanto, el senador Juan Pablo Letelier, destacó el cambio que ha tenido el país frente al tema, argumentando que “cuando escucho a los colegas de la oposición debo reconocer que Chile ha cambiado, y es importante porque vamos a aprobar una institucionalidad donde el país en su conjunto reconoce la necesidad de contar con él para difundir promover y velar por el respeto irrestricto de los derechos humanos”. No obstante, pidió que se evaluara la posibilidad de ampliar los beneficios de la Comisión Valech a las viudas y a los hijos de las víctimas.
El senador Jorge Arancibia dijo estar satisfecho por el acuerdo alcanzado, pues ello demuestra “que estamos llegando a un nivel de madurez en esta materia, porque nadie discute que es necesaria la creación
de este instituto”. Y aunque valoró que se haya determinado incluir los testimonios de las víctimas de atentados terroristas, lamentó que no se haya agilizado la tramitación de una iniciativa suya que busca entregar beneficios a los agentes del estado vinculados a casos de DD.HH.
PASO HISTÓRICO
En tanto, la senadora Alvear dijo que “tener Instituto de Derechos Humanos es un paso relevante y valoro que el Ejecutivo haya recogido en esta iniciativa el proyecto de acuerdo aprobado por el Senado para abrir un nuevo plazo a la Comisión Valech”. Sin embargo, la parlamentaria pidió que se hiciera una adecuada difusión a partir del momento en que se empiecen a recibir los testimonios.
A su turno, el senador José Antonio Gómez, quien integró la Comisión Valech, dijo que aunque hubiese preferido que se mantuviera el proyecto original, es fundamental contar con una entidad encargada de velar por los DD.HH. Asimismo, planteó que se eliminara la remuneración que se le entrega a los miembros de la Comisión, pues en su oportunidad discutieron el tema y llegaron a la convicción de que el trabajo que realizan no debe ser remunerado.
El senador Jaime Gazmuri valoró que el proyecto se haya aprobado por unanimidad argumentando que “el hecho de que afirmemos este Instituto significa que la causa de Derechos Humanos en este país ha avanzado en una medida que uno jamás habría imaginado hace 10 años. Hemos hecho un camino largo donde podemos decir que el respeto de los DD.HH tiene un valor. Esta aprobación unánime tiene un carácter histórico”.
En la misma línea el senador Camilo Escalona manifestó su satisfacción porque se hayan superado las diferencias que existieron argumentando que “es valorable que la Alianza haya concurrido a la aprobación del proyecto, porque eso tiene un simbolismo importante”. Agregó que “hemos asistido a la concurrencia de una voluntad política. De hecho, concurren a la aprobación de este proyecto el senador Núñez que estuvo preso en el estadio nacional y el senador Arancibia que fue edecán de Pinochet.
Estamos asistiendo a la configuración de una nueva realidad política, cultural, valórica y ética”.
Finalmente, el senador Ricardo Núñez coincidió en el sentido que la aprobación unánime es un hecho de “importancia histórica”, pero advirtió la necesidad de que “chile no se quede atrás en la legislación de Derechos Humanos” y que tampoco la nueva entidad opaque a las distintas organizaciones vinculadas al tema.
Artículos Relacionados
» Histórico acuerdo entre Gobierno y oposición permitió la aprobación del Instituto de Derechos Humanos
» Grado de autonomía del Instituto de DD.HH y quórum que se requiere para su aprobación postergan discusión del proyecto
» Instituto de Derechos Humanos llega a la Sala con el informe dividido de la Comisión de Hacienda
Legislatura 355
Sesión 49ª, ordinaria, en miércoles 5 de septiembre de 2007.
De 16.15 a 18.45 horas. Asistencia de 35 Senadores.
–Presidió la sesión el Senador Eduardo Frei, Presidente.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann.
CREA EL INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
Por unanimidad (33 votos), se aprobó en particular el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos. (Boletín Nº 3.878-17).
El proyecto, iniciado en Mensaje, tiene por objeto crear, dentro de la institucionalidad nacional, un organismo autónomo encargado de la promoción y protección de los derechos humanos de las personas que habitan el territorio chileno.
Principales materias contenidas en el proyecto:
* Crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos como una corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relacionará con el Presidente de la República, a través del Ministerio de Justicia.
* Su objetivo será la promoción y protección de los derechos humanos de las personas que habiten en el
territorio nacional.
* Establece sus funciones y competencias, entre las que se destacan:
– Proponer a los órganos de la administración del Estado y al Congreso Nacional las medidas que deban adoptarse para la promoción y protección de los derechos humanos.
– Promover acciones tendientes a determinar el paradero y las circunstancias de la desaparición o muerte de personas detenidas desaparecidas, debiendo recopilar, analizar y sistematizar toda la información acerca del funcionamiento de los mecanismos reparatorios e impulsar, coordinar y difundir acciones de orden cultural destinados a complementar el respeto a los derechos humanos y a reivindicar a las víctimas y a preservar su memoria histórica.
– Reunir y procesar el conjunto de la información existente en poder de entes públicos o privados, que diga relación con las violaciones a los derechos humanos o violencia política.
* El Instituto queda facultado para solicitar la colaboración de los distintos órganos de la administración del Estado, así como, para recibir todas las declaraciones y obtener todas las informaciones y documentos necesarios para el examen de las situaciones comprendidas en el ámbito de su competencia. Asimismo, podrá comisionar a sus consejeros o al Director para ingresar a recintos públicos donde una persona esté privada de libertad.
* Entrega a un Consejo la dirección superior del Instituto, definiendo su integración y atribuciones, el que será dirigido administrativamente por un Director.
* Se establece un Consejo Consultivo Nacional, en el que tendrán representación los organismos sociales y académicos dedicados a la promoción y defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales, cuya función será la de asesorar al Consejo.
* Se establece que la dotación máxima del Instituto será de 30 personas y se regirán por las normas del Código del Trabajo.
* El Instituto, en cuanto integrante del Sector Público, quedará sometido a las facultades fiscalizadoras de la Contraloría General de la República.
* Se regula el patrimonio del Instituto, estableciendo que éste estará formado por los aportes que se deberán establecer por la Ley de Presupuestos, por los bienes muebles e inmuebles que se le transfieran o que adquiera, por las donaciones y los aportes que reciba de la cooperación internacional.
* Crea el Premio Nacional de los Derechos Humanos.
* Crea una Comisión Asesora para la calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, con el objetivo exclusivo de calificar a las personas que no lo hubieren sido anteriormente, por las Comisiones creadas por ley con ese propósito, estableciendo los plazos y procedimientos que deberán seguir los interesados en ser acreditados por dicha Comisión.
* Esta Comisión no sólo queda facultada para calificar a víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidos por agentes del Estado, sino también a las víctimas de secuestros y atentados cometidos por particulares bajo pretextos políticos (terrorismo) en el período comprendido entre 1973 y 1990.
* Se eliminaron de este proyecto de ley aquéllas normas que afectaban las atribuciones del Poder Judicial y del Ministerio Público.
Intervinieron los Senadores señores Andrés Chadwick, Jaime Naranjo, Alberto Espina, Juan Pablo Letelier, Jorge Arancibia, Soledad Alvear, José Antonio Gómez, Jaime Gazmuri, Camilo Escalona, Ricardo Núñez y el Ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo.
En consecuencia, el proyecto pasa a la Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional.