El Presidente Lagos afirmó que el esfuerzo del Estado no era menor en materia de utilización de recursos públicos para reparaciones a víctimas de atropellos a los derechos humanos. 
Refiriéndose a los ex prisioneros políticos y torturados señaló que el costo anual se calculaba en US $ 70.000.000:-.(Setenta millones de dólares). Para representar la magnitud del esfuerzo estatal señaló que eso en diez años significaba un gasto de US $ 700.000.000:- (setecientos millones de dólares), lo que importa un costo total estimado para treinta años de US $ 2.100.000.000:- (dos mil cien millones de dólares)  y comparó esa cifra con el costo de una carretera  Santiago-Puerto Montt.    Al margen de la exactitud que sus cuentas, analizando el costo de sus miserables pensiones, salta a la vista que la fórmula propuesta es equivocada y denota un mal criterio de quien administra fondos o recursos del Estado.
Es un hecho que la exigua pensión de reparación que hizo aprobar acelerada e irreflexivamente al Congreso Nacional ha despertado una unánime reprobación entre las víctimas, que expresan masivamente su repudio al ver de esa manera burladas sus legítimas expectativas y derechos.
Con el mismo gasto que el Presidente calculó para sus pensiones, o sea, un costo de US $ 2.100.000.000.-, era perfectamente posible financiar el pago de una indemnización de un promedio de US$ 70.000:- (aproximadamente $40.000.000) para cada una de las cerca de 30.000 personas calificadas por la Comisión Valech.  Esa sería una forma muy diferente de administrar las platas del Estado y que se acercaría a las pretensiones o propuestas de reparación  sugeridas por todas las organizaciones de ex prisioneros políticos.  Con una indemnización de ese monto hasta podría acercarse a cumplir con el mandato de la convención contra la Tortura que obliga al Estado de Chile a garantizar en su legislación la reparación a las víctimas y el “derecho a una indemnización justa y adecuada”    
Hemos sostenido que debe pagarse una indemnización y los recursos provengan de crédito externo.  El pago de dicha deuda podrá servirse a treinta años plazo con los mismos US$ 70.000.000:- anuales que se han presupuestado para financiar la Ley 19.992 sobre Pensión de Reparación y Bono.  Esa cuenta debió sacarla el Gobierno, pero….
                                       Víctor Rosas Vergara, abogado,
      Presidente de la Unión de ex Prisioneros Políticos de Chile  (UNExPP)